Ajuste y judicialización de la política social
Con una jornada de firmas en la capital y adhesiones del interior, el partido Kolina junto al PJ avanzan en la presentación de un recurso de amparo en procura de frenar la eliminación del programa nacional. Denuncian que más de 50 mil familias quedarían sin ingresos y cuestionan la “transformación en voucher” que impulsa el Gobierno nacional.
El partido Kolina y el Partido Justicialista de Salta presentarán un recurso de amparo colectivo ante la Justicia provincial en un intento por frenar las bajas del programa Volver al Trabajo, tras una jornada de firmas que reunió a unas 200 personas en la capital y contó con adhesiones desde distintos puntos del interior.
La acción judicial, que será presentada esta semana, busca el restablecimiento inmediato, la continuidad y la actualización del pago del programa, en un contexto en el que, según denuncian, más de 50 mil familias salteñas podrían quedar sin ingresos.
La convocatoria tuvo lugar en la ciudad de Salta y combinó presencialidad con articulación territorial, circularon planillas, firmas y relatos personales de quienes dependen del programa Volver al Trabajo. La jornada de firmas se hizo en adhesión al recurso de amparo contra las bajas del programa.
La presidenta de Kolina, Mercedes Figueroa, explicó que están “trabajando este recurso de amparo que va a ser presentado ante la justicia” esta semana por este partido y el PJ.
Según detalló, la actividad reunió a unas 200 personas, aunque el alcance del recurso es mucho mayor. “Si bien algunos compañeros, algunas personas titulares del programa fueron las que asistieron hoy (por el jueves último) y pudieron firmar el petitorio, el recurso de amparo que se está presentando abarca al total de la población que está percibiendo este programa. Es decir, las personas que firmaron hoy vienen a ser como representativas de toda la población del programa”, indicó.
La acción no se limitó a la ciudad capital. Desde distintos puntos de l provincial hubo conexiones en vivo y participación remota, en una postal que buscó mostrar la dimensión territorial del reclamo.
El contenido del amparo
El recurso de amparo que se presentará esta semana apunta directamente a revertir las decisiones administrativas que derivaron en las bajas del programa. “El objeto es que se ordene el inmediato restablecimiento, continuidad y actualización del pago de lo que es el programa en sí”, dijo Figueroa. Además, la estrategia jurídica busca sentar un precedente junto a otras provincias que ya presentaron iniciativas similares, mientras que otras se sumarían en estos días.
“Nosotros estamos presentando el amparo provincialmente, pero estamos trabajando en una propuesta de generar una red de recursos de amparo a nivel nacional”, indicó. En ese sentido, contó que están en articulación con las otras provincias para apoyar presentaciones en las diferentes jurisdicciones y “que esta red de recursos de amparo tome la fuerza que tiene que tomar para que el gobierno recapacite y revea su decisión de seguir recortando en los más vulnerados”.
Uno de los ejes del reclamo está vinculado al impacto concreto que tendría la eliminación del programa en la vida cotidiana de miles de familias. Según pudieron relevar, en Salta más de 50 mil familias serían afectadas con la quita del beneficio. Por lo que “con el índice de desocupación, el hecho de que el gobierno dé de baja a 50 mil personas, es imposible de aceptar y tenemos que pelearla hasta el final”, sostuvo Figueroa.
La dirigente insistió en la creciente precarización laboral y en la insuficiencia de los ingresos. Ante ello, aseguró que empezaron a pensar la medida legal colectiva con el fin de “exigirle al gobierno que empiece a tener responsabilidad sobre sobre el hecho de que los ciudadanos ni siquiera están pudiendo llegar a comer a fin de mes”. El diagnóstico se inscribe en un escenario de deterioro general de las condiciones de vida, donde los programas sociales funcionan como un sostén básico, aunque insuficiente.
La disputa por los “vouchers”
Otro de los puntos centrales del conflicto es la narrativa oficial sobre la reconversión del programa. Kolina cuestionó la intención de que el programa Volver al Trabajo sea reemplazado por un sistema de vouchers. En ese sentido, la decisión de presentar este recurso de amparo “tiene que ver con el hecho de que es una mentira el sistema de reconversión del programa, y sabemos esto porque en la resolución emitida por el gobierno figura la finalización del programa”, y con ello, su financiamiento, afirmó Figueroa.
Explicó que la alternativa ofrecida no implica un ingreso efectivo. “Sabemos que el gobierno habilitó la inscripción al programa Portal Empleo, a través de su página, pero que esto es simplemente una página de capacitaciones, lo cual no va a posibilitar la inclusión de vouchers realmente pagos”, dijo. Es decir, “no es que se reemplaza el pago de los 78 mil pesos del programa por un voucher. Esto es una mentira, por más que se haya estado difundiendo así”.
Por ello, Kolina afirmó que la crítica apunta a una supuesta sustitución que, en la práctica, implicaría la pérdida del ingreso sin una alternativa concreta.
Articulación política y respaldo jurídico
La presentación del amparo cuenta con el respaldo del Partido Justicialista, tanto en términos políticos como técnicos. Figueroa destacó que el amparo se está elaborando “a través de un trabajo de un equipo de abogadas del PJ”.
En ese marco, el interventor del PJ en Salta, Pablo Kosiner, sintetizó la posición del espacio: “Más de 50.000 salteños pueden quedar afuera del programa Volver al Trabajo. Se lo elimina sin cumplir su objetivo de capacitación e inserción laboral. Sin transición. Sin alternativas. En un contexto de desempleo creciente, esto no es ajuste: es abandono. Por eso impulsamos un amparo colectivo. Defendemos derechos, no privilegios”, sostuvo.
La declaración de Kosiner busca instalar el eje en términos de derechos vulnerados. Ahora, el conflicto entra en una nueva etapa. La judicialización aparece como una herramienta frente a una política que deja a miles sin sustento.