Nicolas Schamne para Portal Buenos Aires
En medio de un escenario de fuerte tensión fiscal con la administración central, el secretario de Enlace Comunitario riojano, Enrique Díaz Brizuela, detalló la estrategia política del gobernador Ricardo Quintela, centrada en la defensa de la obra pública, la preservación del empleo local y la construcción de un peronismo federal ampliado.
La gestión provincial frente al desfinanciamiento
La administración de Ricardo Quintela atraviesa un período de marcada tensión con el Gobierno nacional de Javier Milei, marcado por la retención de fondos coparticipables y el freno a la obra pública. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial aseguran que la prioridad se mantiene en la contención social y el cumplimiento de las obligaciones corrientes.
Según explicó Enrique Díaz Brizuela en una entrevista exclusiva para MAPA POLÍTICO el entrevistador Claudio Visso, coordinador nacional del espacio «Federales Somos Todos», la provincia logró evitar el atraso en el pago de haberes a los agentes estatales, una situación que contrasta con la realidad de otros distritos del país. Para el funcionario, este ordenamiento financiero responde a una decisión política de priorizar el bienestar de los trabajadores por encima de los alineamientos automáticos con la Casa Rosada.
El modelo de gestión riojano pone el foco en la preservación del aparato productivo local. En este sentido, se multiplican las negociaciones con cámaras empresariales y firmas industriales radicadas en el territorio provincial para evitar cierres y despidos masivos. Desde la gobernación sostienen que el problema central de la economía actual no radica en la capacidad de producción individual, sino en la retracción del mercado interno generada por la caída del poder adquisitivo.
Impacto social y críticas al modelo económico
El diagnóstico trazado desde La Rioja advierte sobre un deterioro generalizado en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Las autoridades provinciales señalan que el ajuste fiscal impacta de manera directa sobre los jubilados, los beneficiarios de pensiones por discapacidad y el funcionamiento regular del sistema educativo universitario.
Para Díaz Brizuela, las proyecciones económicas planteadas por Quintela al inicio de su gestión se cumplieron con mayor velocidad de la prevista. El funcionario enfatizó que la pérdida de poder adquisitivo erosiona el consumo interno, lo que afecta tanto a los asalariados como a los pequeños y medianos comerciantes. Bajo esta lectura, el principal riesgo que enfrenta el país no es solo financiero, sino la erosión de la paz social.
La crítica central del espacio apunta a un sistema económico que, según su visión, prescinde del bienestar ciudadano en nombre de un equilibrio fiscal abstracto. Desde este perspectiva, las consecuencias de la contracción económica ya no se limitan a los indicadores macroeconómicos, sino que se traducen en una pérdida concreta de derechos y oportunidades para amplios sectores de la población.
El armado político y la búsqueda de unidad
En paralelo a la gestión administrativa, el sector liderado por Ricardo Quintela acelera la construcción de un polo político federal con miras a reordenar al movimiento justicialista a nivel nacional. La estrategia contempla recorridas y encuentros con dirigentes gremiales, empresarios y referentes sociales en distintas provincias.
El plan de trabajo del espacio incluye visitas a Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chubut y la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de consolidar una alternativa política competitiva. Los organizadores sostienen que el peronismo debe transitar un proceso de autocrítica y reorganización interna para evitar repetir errores del pasado en caso de un eventual retorno al poder.
La premisa del sector es articular un proyecto superador que trascienda las fronteras partidarias tradicionales. Los referentes de «Federales Somos Todos» insisten en la necesidad de contener a los dirigentes territoriales y sumar a sectores independientes o desencantados con la actual gestión nacional, bajo el argumento de que la crisis actual demanda una amplia convocatoria ciudadana para garantizar la gobernabilidad futura.
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