Demanda federal por el fondo SisVial: QUINTELA apunta contra Milei y Caputo por el manejo de recursos viales

Nicolas Schamne para Portal Buenos Aires 

Demanda federal por el fondo SisVial: La Rioja apunta contra Milei y Caputo por el manejo de recursos viales

La presentación ante la Justicia Federal

La provincia de La Rioja cuyo gobernador Ricardo Quintela formalizó su constitución como querellante en una causa penal que investiga directamente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo. El expediente, radicado en los tribunales federales, pone el foco sobre el destino de los recursos que integran el Sistema Vial Integrado (SisVial). Según los datos presentados por el equipo legal del mandatario provincial, la administración central habría omitido el envío y la ejecución de partidas específicas obligatorias para la construcción, el mantenimiento y la seguridad de las rutas nacionales.

La controversia gira en torno a la recaudación generada a través del gravamen específico a los combustibles líquidos, un tributo cuyos fondos poseen una afectación específica por ley. De acuerdo con la auditoría preliminar incorporada al expediente judicial, el Estado nacional acumuló aproximadamente 1,5 billones de pesos destinados a este fondo fiduciario durante el período analizado. Sin embargo, la denuncia sostiene que la ejecución real en infraestructura vial apenas alcanzó una fracción minoritaria de ese total, dejando un saldo remanente superior al billón de pesos que no fue volcado al terreno de la obra pública.

Especulación financiera y subejecución

El núcleo de la acusación radica en el destino que el Palacio de Hacienda le habría otorgado a esos excedentes líquidos. La presentación detalla que los recursos del SisVial, en lugar de ser girados a la Dirección Nacional de Vialidad o invertidos en los frentes de trabajo proyectados en las provincias, fueron redireccionados hacia instrumentos de renta financiera, tales como plazos fijos y letras del Tesoro nacional. Para los letrados del gobierno riojano, esta maniobra constituye una alteración ilegal de los fines originales para los cuales fue creado el tributo.

Los números expuestos en la causa señalan una subejecución estimada en casi el 74% de los recursos disponibles para la red vial. Mientras las rutas nacionales y provinciales muestran un deterioro progresivo por falta de mantenimiento, la administración central reporta superávit fiscal mediante la retención y colocación de estos capitales en el mercado de dinero. La denuncia apunta a clarificar la cadena de mandos que autorizó estas operaciones financieras, involucrando tanto a la cartera económica como a las autoridades del Banco Nación en su rol de fiduciario y a los funcionarios de Vialidad Nacional.

El impacto en el federalismo y la red vial

Desde la perspectiva institucional de La Rioja, la paralización de las obras viales no representa únicamente un conflicto administrativo, sino una vulneración directa al pacto federal y a la seguridad de los ciudadanos. En los fundamentos de la querella se advierte que la interrupción de trabajos fundamentales en rutas troncales aísla a las economías regionales, encarece el transporte de cargas y eleva los índices de siniestralidad vial debido a la falta de señalización e infraestructura adecuada.

Asimismo, la demanda busca establecer responsabilidades políticas y penales antes de que finalicen los mandatos actuales, intentando bloquear cualquier intento de prescripción o impunidad sobre el manejo discrecional de fondos públicos afectados por ley. La decisión del juzgado federal interviniente de aceptar a La Rioja como parte querellante otorga a la provincia herramientas procesales para impulsar medidas de prueba, solicitar informes contables y exigir la exhibición de los movimientos bancarios que expliquen el paradero del dinero.

Repercusiones institucionales y perspectivas

El avance de esta causa abre un frente judicial de alta complejidad para el Poder Ejecutivo nacional, que ya enfrenta diversos reclamos de gobernadores por la retención de fondos coparticipables y la paralización de la obra pública en todo el territorio argentino. La disputa por el SisVial pone sobre la mesa el debate acerca de los límites de la administración presupuestaria en contextos de ajuste fiscal severo, donde el superávit financiero contrasta de manera directa con el estado de la infraestructura básica del país.

Mientras la defensa de los funcionarios nacionales deberá argumentar la legalidad de la reasignación transitoria de partidas en el marco de la emergencia económica, el tribunal federal deberá resolver si la retención de estos recursos y su posterior colocación financiera configuran figuras delictivas como el incumplimiento de los deberes de funcionario público o la malversación de caudales. El desarrollo de las pericias contables pedidas por las querellas marcará el ritmo de un expediente que promete redefinir el control judicial sobre los fondos fiduciarios del Estado.

¿Considera que la vía judicial es el mecanismo más eficaz para resolver las disputas presupuestarias entre las provincias y el Estado nacional?

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