Cuando el joven abogado penalista y experto en criminología Simón Levy-Dabbah tomó conocimiento del caso de Ariel German Luque, no podía creer lo que estaba leyendo. Nacido en la Ciudad de México y perteneciente a una generación de jóvenes que considera que la justicia debe volver a ser el pilar de las sociedades del mundo, Levy-Dabbah —cuya esposa es argentina y sus dos hijos y reside en el barrio porteño de Caballito, donde también abrió su segundo estudio jurídico ya que tambien ejerce en Mexico— se topó con un expediente que, según su mirada, podría convertirse en el primer caso en el mundo con estas características, y si no se toma con seriedad podria estar cerca de una dictadura Argentina.
Se pregunta: ¿cómo es posible que una provincia como Córdoba gaste dinero del Estado, recursos humanos y energías en algo que califica como infantil y grotesco? Para el letrado, se trataría de una persecución política con el objetivo de arruinar la vida de un hombre, «solo por ser hombre».
Levy-Dabbah prometió a Luque que lo representará legalmente y llevará el caso hasta las últimas instancias, además de buscar su llegada a los medios, convencido de que se trata de un debate que la sociedad debe dar con seriedad.
«Esto también es una burla a las verdaderas víctimas de violaciones, violencia doméstica, física, psicológica y emocional, y a las víctimas de femicidios», sostiene el abogado, quien remonta el origen de esta causa a lo ocurrido con Micaela García y la ley 24.499.
¿Fallo inédito e histórico? ¿Verdadera justicia o abuso de autoridad para tapar la corrupción?
La resolución de Río Segundo no solo abre un debate jurídico: expone con crudeza el riesgo de que la Justicia argentina se deslice hacia un terreno donde la arbitrariedad puede disfrazarse de protección.
El caso que involucra a la jueza María Licia Tulián, a la denunciante Marisa Centenario —presidenta del Colegio de Abogados de Río Segundo y concejal en funciones de Martín Llaryora de Hacemos Unidos por Córdoba— y al excandidato Ariel Germán Luque, más conocido como «Trinkette» en Pilar, instala una pregunta incómoda: ¿estamos ante un avance en materia de derechos o frente a un uso expansivo y polémico del aparato judicial?
¿No les parece extraño que tanto poder judicial se utilice para realizar una denuncia sin testigos ni pruebas, atacando a un hombre solo por compartir en su estado WhatsApp y Facebook que solo lo vean sus contactos, en el ámbito de su privacidad, un meme de la película Titanic y un video con la música de dicha película, presuntamente por el resultado de una elección?
Si eso no es persecución política y destrucción de un hombre por festejar la derrota del rival, ¿qué es? Se trata de arruinar el buen nombre de una persona, dañarlo moralmente, sacarlo de la politica, condenarlo socialmente, emocional, psicológica y laboralmente.
Ahora, ¿quién le paga al damnificado Ariel Germán Luque, alias «Trinkette», todo el daño que le ocasionaron? Poco tiempo después, perdió a su hermana por cáncer. Casi pierde su trabajo, que consiste en agarrar la pala y juntar desechos de toda índole —hasta heces humanas— además de los trabajos generales que realiza en su localidad que es el pueblito de Pilar.
En términos de psicología del psiconalisis como individuo, como plantearía Sigmund Freud, cuando las instituciones pierden claridad en sus roles, aparece la ansiedad colectiva, la violencia y los suicidios en masa. Y esa ansiedad hoy se traduce en una percepción creciente: la ley ya no ordena, sino que desconcierta, el tema es cuando explote y se abra la caja de pandora que la justicia sea perseguida por el pueblo.
La elasticidad del concepto de violencia. La sentencia interpreta publicaciones en redes como violencia política de género. El problema no es la protección —necesaria— sino el criterio. Si todo puede ser violencia, nada termina siéndolo con precisión. Y sin precisión, no hay justicia: hay discrecionalidad.
Segundo: el precedente peligroso. Obligar a pedir disculpas públicas y realizar capacitaciones puede parecer razonable, pero también abre una puerta delicada. ¿Quién define el límite entre crítica política y ofensa? ¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza la sanción? En contextos electorales, esa frontera es clave para la democracia.
Tercero: la percepción de desigualdad. El hecho de que el acusado alegue no haber sido notificado correctamente ni haber accedido plenamente al expediente instala una sombra. En cualquier sistema republicano, el debido proceso no es un detalle técnico: es el corazón del Estado de Derecho.
Cuarto: la política judicializada. Lo que debería resolverse en el terreno del debate público termina en tribunales. Y cuando la política se judicializa en exceso, se empobrece. Se vuelve litigio, no proyecto.
La metáfora es inevitable: la Justicia argentina corre el riesgo de convertirse en un espejo deformado, donde los conflictos reales se distorsionan y terminan pareciendo caricaturas de sí mismos. Un tribunal no puede funcionar como un algoritmo que amplifica lo que más ruido genera.
Este caso, que incluso llamó la atención de perfiles jurídicos como Simón Levy-Dabbah, trasciende lo local. Pone en discusión cómo se administran los conflictos en la era digital y qué tipo de institucionalidad queremos construir.
La Argentina necesita una Justicia firme, pero también previsible. Protectora, pero no arbitraria. Porque cuando los fallos generan más dudas que certezas, el sistema entero entra en zona de riesgo.
El desafío es claro: recuperar el equilibrio. Si no, el futuro no será de más derechos, sino de más sospechas. Y una sociedad que desconfía de su Justicia es una sociedad que empieza a perderse a sí misma.
ESTE CASO DEBE LLEVARSE A LA TELEVISIÓN PARA SU DEBATE SERIO – SI NO POR ESTAS COSAS NUNCA MAS ABRA UN MINISTERIO DE GENERO Y LOS DERECHOS QUE TANTO LES COSTO A LAS MUJERES LO PERDERÁN POR ESTAS MANIOBRAS ESPÚRIAS.